Dieciséis de ellos se registran en la Araucanía. Se advierte que, en la mayoría de los casos, las diferencias se producen por la ausencia de procesos participativos, en la aprobación o ejecución de proyectos de inversión.

En el marco del proyecto “Territorios en Diálogo: Inclusión y Bienestar Rural”, que busca mejorar el bienestar de los territorios excluidos del desarrollo territorial en América Latina, el equipo de investigación de Rimisp ha identificado 164 conflictos socioterritoriales en Chile, uno de los cinco países donde se está aplicando el programa, junto con El Salvador, México, Colombia y Perú.

En la elaboración de este mapeo, que se basó en datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Universidad de Los Lagos y el Environmental Justice Atlas (EJATLAS), se identificaron, principalmente, conflictos asociados a proyectos de inversión, o la gestión o acceso a recursos naturales.

En este proceso, destaca que “en casi todas las provincias de Chile uno puede encontrar conflictos, lo que es distinto a otros territorios intermedios de Latinoamérica”, señala Daniela García, investigadora principal, quien lidera en Chile la línea temática de conflictos socioterritoriales de Rimisp.

En esta misma línea, la doctora en Sociología por la Universidad Estatal de Carolina del Norte detalló que la Región de la Araucanía es una de las zonas geográficas que concentra mayor cantidad de conflictos, en relación a su cantidad de habitantes. Además, estos se extienden por largos períodos de tiempo, y se superponen a otro tipo de pugnas, vinculados a tierras o patrimonio indígena.

Especialmente, “la provincia de Cautín es la que tiene más conflictos registrados”, puntualizó, ya que concentra 12 de los 16 conflictos presentes en esa región. Allí, existen “conflictos por tierras indígenas y proyectos de inversión, que se superponen. De esos 12, seis son del sector energía, como la construcción de hidroeléctricas. También hay del sector minería o extractivo, piscicultura y forestal”, señala la investigadora.

La Araucanía “también enfrenta características territoriales complejas, que se pueden considerar de rezago”, agrega García.

Falta de participación

En la identificación de estos conflictos socioterritoriales en Chile, se advierte en la mayoría de los casos la ausencia de procesos participativos, en la aprobación o ejecución de proyectos de inversión.

“Los procesos participativos, como consulta previa, mesa de desarrollo, de diálogo, comisiones u otras iniciativas, generalmente son una de las demandas más importantes que piden las personas, pobladores o afectados por un conflicto. La primera cosa que piden es que sean incluidos en los procesos de toma de decisión, o que estos se efectúen como deberían”, dice la experta.

Lo anterior, señala, sucede porque si bien los proyectos deberían presentar consulta previa, según establece el convenio 169 de la OIT (ratificado por Chile), no lo hacen. “Eso ayuda a que se desaten los conflictos, por la falta de procesos participativos. También sucede que se hace el proceso de consulta previa, pero no se hace bien, o se hace coaccionando a los actores que participan”, detalla la investigadora.

Futuro del proyecto en Chile

Luego de mapear los territorios en conflicto en Chile, el equipo de investigación se encuentra definiendo el territorio que se trabajará, en el marco del proyecto Territorios en Diálogo. Por el momento se evalúan territorios en la Región de la Araucanía, por los motivos recién expuestos: alta concentración de conflictos y la presencia de condiciones de rezago, como altos índices de pobreza y desigualdad, o la falta de acceso a agua potable.

En el territorio a seleccionar, Rimisp buscará promover procesos que faciliten diálogos conducentes a la formulación e implementación de acuerdos, junto con modelos de gobernanza para el desarrollo territorial.

En Chile, “dados los desafíos institucionales y políticos, el desafío es producir algún tipo de diálogo, entre actores diversos que están en desacuerdo, para producir visiones comunes. Por tanto, llegar a transformaciones territoriales, como manejo de conflictos, es muy difícil, pero no por eso hay que dejar de intentarlo”, dice García.

“Hay un objetivo de manejar estos conflictos para llegar a acuerdos que permitan ayudar a sacar a los territorios de la condición de rezago, ayudarlos a obtener un desarrollo territorial e incluso, que sea beneficioso para la mayoría de las personas y no solo para los que tengan el poder económico”, agrega.

Lo anterior se realizará a través del diálogo y la conformación de coaliciones territoriales -conformadas por grupos con intereses diversos, pero con una visión común de desarrollo- que modifiquen o creen estos nuevos arreglos territoriales, para el manejo de dichos conflictos. “Que surja de estas bases y de la discusión que se genere en las coaliciones”, señala la investigadora.

Por el momento, los investigadores del programa Territorios en Diálogo se encuentran realizando entrevistas a los distintos actores que intervienen en conflictos, en El Salvador, México y Perú, en los territorios ya seleccionados para estos países.

Fotografía: ODEPA

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