La seguridad es un factor fundamental para diseñar e implementar iniciativas que impulsen un desarrollo rural con enfoque territorial. No obstante, en algunas zonas rurales del territorio nacional persisten situaciones que vulneran la seguridad de sus habitantes e imponen mayores retos en las acciones de diversos actores que buscan construir la paz. Por ello, es importante tener esta mirada territorial para construir propuestas que se adapten a las particularidades de cada territorio.

En el marco del proyecto “Fortalecimiento de un Observatorio para medir el cambio con perspectiva territorial”, financiado por el Programa Territorios de Oportunidad, e implementado por Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, nuestra oficina en Colombia adelantó un análisis sobre la situación de seguridad en 8 municipios de los departamentos de Cauca y Nariño en Colombia, con el fin de conocer las realidades que enfrentan sus habitantes para cerrar las brechas de inequidad y de justicia social, que son aspectos indispensables para la construcción de paz.

Al respecto, este 25 de febrero la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó ante el consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza), un documento que narra la situación de seguridad en Colombia durante el año 2020, en medio de la pandemia de COVID-19. En él se afirma que, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, en Colombia ocurrieron 76 masacres, en las que fueron asesinadas 292 personas.

Rimisp analizó cómo esta situación afecta a 3 municipios del departamento de Nariño (Cumbitara, El Charco, El Rosario) y 4 municipios del Cauca (Argelia, López de Micay, El Tambo y Timbiquí). Para ello, tomó como fuentes de información los datos reportados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas (UARIV), el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), entre otras instituciones en Colombia durante el año 2020.

A continuación, presentamos parte de los resultados de este análisis.

Departamento de Nariño

El municipio de Cumbitara, ubicado al noroccidente del departamento de Nariño, tiene una población de 5.948 habitantes, de los cuales el 73% se ubica en áreas rurales, según fuentes consultadas en el DANE.

Durante el año 2020, la seguridad de sus habitantes fue vulnerada con 10 hechos de violencia, de los cuales 3 corresponden a combates entre la Fuerza Pública y grupos paramilitares y/o grupo armado delictivo; 2 corresponden a activaciones de minas antipersonales; 2 a homicidios, 2 a enfrentamientos entre grupos armados ilegales y 1 amenaza individual o colectiva por parte de grupos armados.

El municipio de Cumbitara tiene un Índice de Riesgo de Victimización “alto”, de 0,72. Según la UARIV este índice es una herramienta que permite el análisis de los diferentes escenarios de victimización en el marco del conflicto armado en Colombia, monitoreando las causas y efectos.

Por su parte, el municipio de El Rosario, ubicado en la cordillera nariñense, concentra su población en las zonas rurales, pues solo el 14,5% de sus 12.280 habitantes reside en su zona urbana.

En lo que respecta a orden público, en 2020 la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana en la que advertía sobre un escenario de riesgo que se configura a partir de la presencia de grupos disidentes de las exguerrilla FARC-EP, teniendo en cuenta que, además, hacen presencia 2 grupos armados ilegales integrados por paramilitares, y el Comando Coordinador de Occidente quienes se disputan las economías ilegales como narcotráfico y minería ilegal. Este escenario hace vulnerable al municipio frente a posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) con hechos como lo son el desplazamiento forzado, la violencia sexual y homicidio múltiple, entre otras.

En este municipio el Índice de Riesgo de Victimización es 0,52, el cual lo clasifica como en riesgo medio alto según la UARIV.

Por su parte, el municipio de El Charco, ubicado en la costa pacífica del departamento, es mayoritariamente rural, ya que el 67,9% de la población reside en estas zonas. En lo corrido del año 2020 este territorio fue afectado por 3 eventos violentos, entre ellos un hostigamiento contra la Estación de Policía, desplazamiento masivo interveredal y una masacre el 20 de septiembre de 2020 en la que murieron 4 personas.

Este municipio presenta un Índice de Riesgo de Victimización de 0,60, lo cual lo clasifica como de riesgo “alto”, según la UARIV.

Departamento del Cauca

En el municipio de Argelia, ubicado al occidente del departamento del Cauca, el 89,7% de su población habita en zonas rurales.

En el año 2020 la Defensoría del Pueblo emitió dos Alertas Tempranas: en la primera advirtió el escalamiento de las acciones bélicas emprendidas por un grupo disidente de las FARC y por la guerrilla del ELN, las cuales estarían motivados por intereses de dominio de este punto geográfico, que representa un corredor estratégico hacia el Pacífico. En la segunda, advierte sobre el riesgo que configura la presencia de los grupos paramilitares, el ELN y las facciones disidentes de las ex FARC-EP. Estas alertas hacen vulnerable a sus habitantes frente a infracciones al DIH, tales como homicidio, desaparición forzada y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, entre otras.

Es así como en el año 2020, según datos de Indepaz, se registraron 58 eventos de violencia, 2 masacres, 6 líderes sociales y un excombatiente de las FARC – EP asesinados. Por esta razón, Argelia tiene un Índice de Riesgo de Victimización “alto” de 0,78, según la UARIV.

En lo que respecta al municipio de El Tambo, ubicado a 33 kilómetros de la capital del departamento, se registraron 32 hechos de violencia, entre ellos, el asesinato de 11 líderes sociales y 2 masacres. La Defensoría del Pueblo emitió 2 Alertas Tempranas debido a la permanencia de integrantes de la guerrilla del ELN, disidencias de las FARC – EP y grupos paramilitares, quienes tienen intereses de dominio en este punto geográfico que configura como un corredor estratégico hacia el Pacífico.

Esta situación afecta a sus 53.891 habitantes, de los cuales solo el 5,6% habita en las zonas urbanas, es decir que más del 90% habita en las zonas rurales. El Índice Riesgo de Victimización es de 0,61, lo cual se configura como riesgo “alto” según la UARIV.

En lo que respecta al municipio de Guapi, ubicado en la costa pacífica del departamento, la seguridad de sus habitantes fue vulnerada con 8 hechos de violencia, entre ellos, el asesinato de 1 líder social y 1 excombatiente de las FARC-EP. Adicionalmente, el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando hacen parte de las economías ilegales de este municipio.

Guapi tiene una población total de 27.616 personas, de las cuales, el 50,4% habita en zonas urbanas. Este municipio tiene un Índice Riesgo de Victimización de 0,61, lo cual se configura como “alto” según la UARIV.

El municipio de Timbiquí, ha sido afectado por 7 hechos de violencia, entre ellos, el desplazamiento masivo intermunicipal desde la vereda Bocas de Badeo a la cabecera municipal en el mes de junio, así como combates entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC, reclutamiento de menores, entre otros. Sus 26.100 habitantes residen principalmente en zonas rurales y solo el 24% en zonas urbanas

Este municipio presenta un Índice Riesgo de Victimización de 0,50, lo cual se configura como “medio alto” según la UARIV.

El municipio de López de Micay tiene una población total de 18.580 habitantes, de los cuales, solo el 10,1% habita en zonas rurales. Según OCHA se registraron 5 hechos de violencia en lo corrido del 2020 entre los que se destacan el asesinato de 2 líderes sociales.

Este municipio presenta un Índice de Riesgo de Victimización de 0,53, lo cual se configura como “medio alto” según la UARIV.

Para estos 3 municipios, ubicados en la costa pacífica del departamento, la Defensoría del Pueblo emitió 1 Alerta Temprana debido a la confrontación entre grupos armados ilegales que se disputan el control territorial y poblacional, con el fin de dominar toda la cadena del narcotráfico, quienes tienen intereses de dominio en punto geográfico del departamento que configura un corredor estratégico hacia el Pacífico.

“Uno de los pilares del desarrollo territorial es la igualdad de oportunidades para todos los habitantes, independiente de dónde nacen. Sin embargo, garantizar el derecho a la vida y a la paz es aún un desafío en los territorios más afectados por el conflicto armado en Colombia, y esto agranda la brecha. No obstante, no es un camino imposible. Desde Rimisp continuaremos apostándole a trabajar de la mano con los actores locales, regionales y nacionales para lograr la transformación territorial”, afirma Carlos Córdoba, director de Rimisp en Colombia.