Por Celeste Molina, directora de Rimisp para Centroamérica 

Es innegable que la lucha por la igualdad de género ha cobrado auge en todo el mundo durante la última década, impulsada por movimientos como el MeToo, Ni Una Menos y la Marea Verde, entre otros. Llama la atención en estos últimos, el inspirador empoderamiento y liderazgo de innumerables colectivos de jóvenes feministas latinoamericanas que le han gritado al mundo entero, a veces de formas muy innovadoras (véase Las Tesis de Chile y su famoso performance “El violador eres tú”), que es hora de un cambio civilizatorio. Es decir, de la real adopción de nuevas normas sociales que garanticen la igualdad entre hombres y mujeres. El denominador común de todos estos movimientos es un rotundo rechazo por los indignantes niveles de discriminación, acoso y violencia contra las mujeres, una firme reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos y un cuestionamiento profundo del sistema capitalista que invisibiliza el aporte de las mujeres a la economía y a la vida social.  La participación masiva de mujeres de todos los sectores, las edades y las clases sociales en las marchas del pasado 8 de marzo son un testimonio claro de la fuerza y de la legitimidad de esta lucha.

Pero también es prudente notar que este poderoso movimiento social, que ha logrado captar una fuerte atención mediática, tiene una alta (aunque no exclusiva) participación de mujeres urbanas. En los territorios rurales, las mujeres diariamente desafían los estereotipos de género, incursionando en una diversidad de actividades económicas, aportando significativamente a la generación de ingresos en sus hogares, ejerciendo liderazgos efectivos tanto a nivel del hogar como de sus comunidades y participando en diversas formas de acción colectiva. Sin embargo, sobre todo en aquellos territorios más rezagados, las demandas de las mujeres encuentran una fuerte resistencia en normas sociales tradicionalistas, que las continúan relegando a ciertos roles asociados a la esfera del hogar, con lo cual se las priva de una mayor integración a las dinámicas territoriales y de una participación efectiva en procesos de toma de decisión.

Rimisp ha venido desde hace más de una década profundizando en la interrelación existente entre las características económicas, sociales, políticas y culturales de cada territorio y los sistemas de género que en ellos operan. Durante el último año, nuestra agenda de mujeres y territorio ha cobrado un fuerte auge en Centroamérica, donde actualmente tenemos dos iniciativas importantes. Por un lado, colaboramos con el Programa Regional Mujeres, Economía Local y Territorio (MELYT), implementado por ONU Mujeres, mediante la ejecución de acciones de generación y gestión del conocimiento, intercambio de experiencias y buenas prácticas relacionadas con la reducción de las barreras institucionales y de acceso al desarrollo empresarial femenino, así como el desarrollo e implementación de políticas regionales, nacionales y locales para la autonomía económica de las mujeres con enfoque territorial. Esta interesante iniciativa, focalizada en la región Trifinio (el área transfronteriza entre Guatemala, El Salvador y Honduras), nos permite, desde la investigación aplicada y desde el desarrollo de diálogos con actores claves del territorio, abordar importantes desafíos que enfrentan las mujeres rurales, tales como los causas y los impactos de la migración (sea para las mujeres que permanecen en los territorios de origen como para las que retornan) o  las oportunidades y barreras para lograr una mayor participación económica en un contexto de nuevas ruralidades. El pasado mes de enero hemos presentado los primeros hallazgos de un estudio en curso sobre mujeres, migración y territorio en el marco de la XIV Conferencia Regional  de la Mujer impulsada por CEPAL.

Por otro lado, actualmente colaboramos con FAO en Guatemala y Chile en la aplicación de una herramienta (GRAST) que permite analizar los sistemas de asesoría y extensión rural en ambos países con una perspectiva de género. Abrir este tipo de diálogo con los gobiernos es clave porque permite mejorar el entorno de políticas para atender las necesidades estratégicas de las mujeres rurales e indígenas.

Por último, pero no menos importante, el Observatorio de Género, lanzado en 2018, tendrá importantes novedades durante este año. Además de actualizar los indicadores estadísticos para los países en donde Rimisp trabaja, esta plataforma será una herramienta fundamental para dar visibilidad y difusión a los hallazgos de la agenda de género y territorio, coadyuvando a una más profunda reflexión regional entorno a los principales avances, logros y desafíos.

A las causas estructurales de estos desafíos, ahora se suma la incertidumbre generada por el advenimiento de una ampliamente anunciada recesión económica para varios países de la región y, como si eso fuera poco, por una sorpresiva pandemia global. Si bien es cierto que la crisis generada por el COVID-19 se ha hecho sentir en todo el mundo -sin distingos de nacionalidades o clases sociales- no puede decirse lo mismo de sus impactos socioeconómicos. Más que nunca, las implicaciones de la desigualdad han quedado a plena vista. A medida que el virus se esparce, se magnifica también la enorme vulnerabilidad de grandes grupos de la población latinoamericana que están inmersos en la informalidad, que padecen los efectos de la precarización del empleo y que se enfrentan a este nuevo enemigo invisible sin ningún tipo de protección social. Mientras tanto, los gobiernos de la región -casi todos ellos con sistemas de salud pública debilitados (o casi inoperantes) y sistemas privados con costos exorbitantes- se debaten entre atender las recomendaciones de los científicos de imponer estrictas medidas sanitarias o retrasarlas lo más posible para no exacerbar la crisis económica.

En medio de este sombrío panorama con potencial de cobrar muchas vidas, como siempre, las mujeres llevarán la peor parte. Estos impactos negativos para las mujeres son ya evidentes: la repentina pérdida de las fuentes de ingresos, el aumento de las tareas de cuidado frente al cierre de las escuelas y la necesidad de cuidar de los adultos mayores. De forma particular las mujeres rurales e indígenas, tienen los trabajos más precarios, padecen una significativa brecha salarial y tienen cargas más pesadas de trabajo doméstico y de cuidado. Según datos de CEPAL y FAO (2020) 59 millones de mujeres latinoamericanas viven en áreas rurales, de las cuales solo 20 millones son económicamente activas. De ellas 4.5 trabajan en la agricultura y ganan hasta 24% menos que los hombres. Las mujeres rurales clasificadas como “inactivas” tienen en realidad pesadas cargas de trabajo no remunerado y que no se reflejan en las estadísticas nacionales.

Ahora que muy difícilmente puede cuestionarse la legitimidad de la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos y oportunidades, el reto en la región está muy claro. Se hace necesario traducir las demandas exigidas en las calles en acciones y políticas públicas concretas, no solo de los gobiernos sino de todos los actores sociales, sobre todo del sector privado. En este contexto, se requerirá que las políticas orientadas a avanzar hacia la igualdad de género no solo resuelvan las demandas históricas de las mujeres, sino que se acompañen de apoyos e incentivos económicos que eviten un retroceso respecto a los logros ya alcanzados.  En todo esto, será de gran importancia integrar las demandas y las necesidades estratégicas de las mujeres rurales e indígenas, cuyo potencial productivo será clave para la recuperación post-crisis.