El análisis realizado por Rimisp en su más reciente “Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2019, Juventud Rural y Territorio”, evidencia el nivel de heterogeneidad territorial en el cumplimiento de la Agenda 2030 en 5 países de la región. A pesar de los avances, Colombia es uno de los países con mayor desigualdad territorial.

El Informe recalca que, la mayoría de los indicadores de cumplimiento de la Agenda 2030 presentan una mirada a nivel nacional, descuidando la dimensión de desigualdad territorial al interior de los países. En tal sentido, el Índice de Equidad Territorial (IET) 2019 presentado en el informe, representa un indicador sintético para la cuantificación de las brechas territoriales existentes al interior de un país.

Los índices calculados oscilan entre 0,06 y 0,12. Para Colombia, el IET muestra un nivel de inequidad territorial de 0,1 en 2019, convirtiéndolo en uno de los países con mayor desigualdad territorial. “De los indicadores considerados sólo el coeficiente de Gini presenta un índice de disimilitud menor a 0,03. El resto exhiben índices de disimilitud de mediana o alta inequidad. La tasa de pobreza o analfabetismo han registrado un avance, mientras que la amplia desigualdad entre los distintos departamentos permanece constante”, señala el Informe.

Respecto al ODS 1. Fin de la pobreza, señala que el departamento colombiano promedio redujo la tasa de pobreza en 1,7 puntos porcentuales de 35,0% en 2015 a 33,3% en 2018, impactando de manera similar a ambos géneros.

No obstante, al observar la desagregación territorial, el análisis identifica considerables diferencias entre los distintos departamentos colombianos tanto en la evolución evidenciada como en su posición relativa. Así, mientras que los departamentos de Boyacá, Quindío y Huila han mostrado reducciones de la incidencia de la tasa de pobreza monetaria mayores a siete puntos porcentuales, ocho departamentos han exhibido repuntes en la tasa de pobreza.

En cuanto a la brecha de género, el Informe señala diferencias territoriales significativas que no se reflejan en el promedio nacional. Huila es uno de los departamentos que más ha reducido sus niveles de pobreza, pero ha sido más rápida entre los hombres. “En el período 2015-2018, los hombres vieron su tasa de pobreza reducirse en 19,1% mientras que en las mujeres se redujo un 13,6%, lo que ha generado una apertura de la brecha de género en pobreza” puntualiza.

Caso contrario se registra en Nariño, donde el aumento en la tasa de pobreza del 40,0% en 2015 a 41,4% en 201, ha tenido un incremento entre los hombres (de 37,7% a 39,9%) mientras que la tasa de pobreza entre mujeres ha permanecido en el mismo nivel (de 42,2% a 42,9%).

Chocó, La Guajira y Cauca mostraban tasas de pobreza superior al 50%. Si bien estos departamentos han evolucionado al mismo ritmo (Chocó) o peor (La Guajira y Cauca) que el promedio de los departamentos, los rezagos se consolidan e incluso se acentúan. Al otro extremo, los departamentos de Risaralda, Cundinamarca y Bogotá D.C. registran en 2018 tasas de pobreza inferiores al 20%. De entre ellos, sólo Bogotá D.C. ha mostrado un retroceso.

Respecto al ODS 4, Educación de Calidad, el Informe recalca que las brechas territoriales identificadas en la tasa de matrícula en educación primaria se encuentran intensificadas en educación secundaria. Los departamentos que registraban tasas de matrícula primaria superiores al 90% ahora superan el 75% de tasas de matrícula en la educación media e incluso el 80% en el caso de Casanare (81,8%) y Santander (85,3%), muy por encima del promedio de 66%.  Vaupés y Guaviare evidencian tasas de matrícula del 43,5% y 39,3%, respectivamente. Aunque éstas no son las cifras más bajas, rondan el mínimo de 33,9% que se registra en el departamento de Vichada.

Frente al Informe, Javier Pérez, Gerente Nacional Área de Reducción de Pobreza e Inequidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD, considera que el “análisis realizado por RIMISP aporta información de suma importancia para el diseño e implementación de políticas públicas en Colombia que apunten al cierre de estas profundas brechas territoriales, que permitan focalizar los esfuerzos de la política de desarrollo humano y productivo en los territorios con mayores necesidades. Precisamente, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET-, que cuentan con el apoyo técnico del PNUD, son una estrategia de Gobierno que está permitiendo avanzar hacia un desarrollo sostenible equitativo que no deje a nadie atrás” señaló.

En lo que respecta al ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico, el Informe señala que, el crecimiento económico, a través de la generación de empleo y el aumento de los salarios, puede desempeñar un rol clave en la reducción de la pobreza y la vulnerabilidad, por sí solo no basta para lograr un desarrollo equitativo. En Colombia, aunque el 100% de los departamentos ve incrementado el ingreso promedio de sus hogares entre los años 2015 y 2018, el tamaño de la brecha territorial es significativo. “En 2018, el ingreso promedio de los hogares en el departamento de Bogotá D.C. fue dos veces el promedio simple de los departamentos. En el otro extremo, el ingreso promedio de los hogares en el departamento de Chocó equivalía a un 55% del promedio de los departamentos o a un 27% del ingreso de los hogares en Bogotá D.C”, puntualiza el Informe.

La segunda parte explora cómo la inequidad territorial afecta a la juventud, un grupo poblacional vulnerable y de especial interés para el desarrollo de los territorios rurales. Se indaga sobre las brechas territoriales en la inclusión económica de la población joven y se analiza qué variables territoriales pueden contribuir a explicarlas, a partir de casos analizados en Colombia y Perú.

De acuerdo con la aplicación de la metodología del IET, la inclusión económica de la juventud no es ajena a los altos niveles de desigualdad territorial ya identificados en la primera arte.

La edición 2017 del Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad identificó una tendencia generalizada hacia el aumento de la proporción de población joven que no estudia o trabaja. En esta versión, se constata la continuación de esta tendencia. “La tasa de jóvenes que no estudia ni trabaja es muy superior entre la población joven femenina. En Colombia, en 2018 el indicador oscila entre el 12,5% en Bogotá y 41,8% en Chocó para las mujeres jóvenes y un rango mucho más bajo, entre el 3,1% en Córdoba y 11,1% en Magdalena para los hombres jóvenes” señala el Informe.

La diferencia promedio entre los géneros es de veinte puntos porcentuales con fuertes diferencias entre los departamentos. En los departamentos de Caquetá y Chocó, por ejemplo, la diferencia supera los treinta puntos porcentuales mientras que en Valle del Cauca y Bogotá se sitúa alrededor de los diez puntos porcentuales.

En este sentido, el Informe resalta que las brechas territoriales continúan siendo un desafío para que todas las personas tengan las mismas oportunidades, independientemente del lugar donde nacen.

Al respecto, el funcionario del PNUD considera que “para centrar el diseño e implementación de políticas públicas a la agenda del desarrollo para la transformación rural, se debe partir por conocer a profundidad quiénes son los jóvenes más dejados atrás, dónde están, cuáles son sus necesidades y cuál ha sido su trayectoria de vida y por ende las causas estructurales, subyacentes o coyunturales que los mantienen en situación de privación y desigualdad. En segundo lugar, es clave avanzar en el empoderamiento de esta población, todos los jóvenes deberían tener plena comprensión de sus derechos. La educación para la ciudadanía es clave para lograr que se dé una participación ciudadana ascendente y vinculante de los jóvenes y pueden convertirse en agentes de cambio y aminorar los desequilibrios de poder y la corrupción” puntualizó Pérez.

 

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