El más reciente análisis del Grupo de Diálogo Rural en Colombia ilustra las limitaciones que impone la presencia de cultivos de coca sobre los jóvenes rurales que habitan en estos territorios, pero también las oportunidades para cambiar esta realidad.

El aumento de un 17% del área cultivada con coca en Colombia para el año 2016, reportado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en el año 2017, generó una alarma entre diversos sectores del país dadas las consecuencias sociales, económicas y políticas que este fenómeno genera en el país. En tal sentido el GDR Colombia analizó el impacto que esta situación genera en los jóvenes que habitan en estos territorios para formular recomendaciones que permitan ofrecer alternativas de desarrollo lícitas de acuerdo con su contexto.

 

Uno de los aspectos más desafiantes, se reflejan en elsector educación. Como primera medida, el análisis señala que, según el Censo Nacional Agropecuario del 2014, son alrededor 298.000 jóvenes rurales quienes habitan en estos territorios.

Según un estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el 41% de la población total en estos territorios es menor de 19 años y para ellos, cultivar coca sigue siendo una de las pocas alternativas. Además, perciben las oportunidades de vinculación laboral en uno o varios eslabones de la cadena productiva, ya sea como cultivadores, “raspachines” (trabajo que realiza un jornalero en la recolección de coca), comercializadores o miembros de las estructuras criminales interesadas en las rentas que genera este cultivo.

En lo que respeta a educación, se evidencia una mejoría a nivel generacional en estos territorios. Según datos del Censo Nacional Agropecuario del 2014, la población mayor a 30 años presenta un grado de alfabetización cercano al 80%, pero entre los jóvenes rurales, se destaca un 93%.  De la misma manera, solo el 7% de los adultos mayores a 30 años logró aprobar el grado 11 (final de la secundaria), pero para jóvenes rurales entre los 20 y los 30 años esta cifra llega al 23%.

No obstante, el rezago en los logros educativos respecto a cobertura y calidad de la educación es significativa si se compara con el resto jóvenes que habitan en territorios rurales sin la presencia de los cultivos de coca.

Por un lado, según datos de la plataforma Terridata del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el año 2017 la cobertura neta de educación en los municipios con presencia de coca fue del 75%, 9 puntos porcentuales por debajo de los municipios rurales sin cultivos de coca en los cuales la cobertura neta de educación fue del 84%.

La deserción escolar reportada por las instituciones oficiales también es mayor en los municipios con cultivos de coca, en los cuales se registró un promedio del 4% contra el 3% reportado en municipios libres de estos cultivos.  Así mismo, el porcentaje de los jóvenes rurales entre los 20 y los 30 años que han alcanzado algún grado en la educación media, tecnológica y universitaria es menor para los jóvenes rurales que habitan con este cultivo.

Finalmente, la calidad de la educación estimada según los resultados de las pruebas Saber 11 (

evaluación periódica de la educación colombiana) del año 2017, evidencian una diferencia en los promedios de las pruebas de lectura y matemáticas, siendo esta última la asignatura de mayor rezago 44 contra 48 puntos.

En este sentido, el análisis destaca la importancia de apoyar iniciativas que superen el sesgo agropecuario en la educación y se enfoquen al desarrollo de las trayectorias de los jóvenes desde sus saberes y conocimientos. Esto se traduce en implementar programas de formación y educación rural que no solamente tengan como objetivo el incremento de la productividad agrícola sino el desarrollo de las capacidades de los jóvenes para desempeñar actividades en áreas donde la agricultura o la ganadería no es necesariamente la respuesta a las problemáticas del desarrollo rural.

“Lo que queremos poner sobre la mesa es que en las zonas rurales con cultivos de uso ilícito hay una población joven que está involucrada y sabemos muy poco de ella. Si no le ponemos atención, podemos poner en riesgo muchas metas relacionadas con la paz la reconciliación y la transformación rural en Colombia”, afirmó Ángela Penagos, directora de Rimisp en Colombia.

“Según información del Programa de Sustitución de Cultivos, al menos la mitad de las personas que hacen parte de las familias en estas zonas son jóvenes y menores de 19 años. Cuando las personas piensan en las zonas de cultivos se piensa en zonas inundadas de coca y que ese es un gran problema para el país, pero lo que nos muestra este análisis es que en estas zonas también hay muchas oportunidades para tener un enfoque distinto, pero hay que tomar decisiones pronto”, puntualizó Juan Carlos Garzón – director del área de dinámicas del conflicto y negociaciones de paz, Fundación Ideas para la Paz.

En esa medida, el Grupo de Diálogo Rural (GDR) formulará una serie de recomendaciones de política que retomen sus trayectorias socioeconómicas y tomen en cuenta sus intereses y aspiraciones. Este documento estará disponible y para consulta del público en general, durante las próximas semanas por este medio.

 

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